Luego de una serie de allanamientos realizados por la Brigada de
Delitos Económicos de la PDI de Chile la semana pasada, que incluyeron a 17
inmuebles correspondientes a domicilios de representantes y oficinas de
Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos
Electrónicos, Recreativos y de Premio Programado (Fiden) por presunto lavado de
activos, el gremio emitió un comunicado señalando que las medidas responden al
hecho de que la Superintendencia de Casinos y la Asociación de Casinos están
bregando, de facto, la desaparición de las actividades del gremio.
En el comunicado, la
mesa directiva de la Fiden señala que la actividad que representan necesita una
regulación, “por cuanto es materia de ley conforme a la Constitución Política
de la República”. Asimismo, explica que la Asociación de casinos está tratando
de reprimir las actividades de las máquinas mediante la presentación de
querellas por asociación ilícita y lavado de activos, las cuales fueron
anunciadas por los abogados querellantes, sin que todavía haya acusaciones
formales al respecto. También el
comunicado señala que “por el contrario, llama la atención que los Casinos de
Juegos, en los casos Milicogate, Pacogate, y otros, han sido los beneficiarios
de millonarios recursos defraudados al Fisco de Chile, sin que el Fiscal los
haya investigado por lavado de activos o se los haya demandado para que
restituyan estos fondos”.
Mario Vargas, abogado
de la Fiden declaró que, que la causa sea de carácter reservado, es decir
secreto de sumario, es una maniobra del Ministerio Público para que los
acusados no puedan defenderse ni desmentir las acusaciones. “Se impacta
mediáticamente, porque además es una causa secreta, sin embargo hay
conocimiento inmediato en la misma noche de lo que estaba sucediendo en los
allanamientos con el objeto de ensuciar, justamente, la imagen y el trabajo
constante y reiterado que ha realizado la Fiden con el objeto de regularizar
este mercado”. Vargas realizó estas declaraciones luego de que el Tribunal de
Garantía desestimara el pedido de la defensa de levantar el secreto de la
causa.
Por su parte, el
fiscal Roberto Contreras al ser consultado por el estatus de la causa explicó
que “se estimó por el Tribunal que la solicitud que hemos realizado sea bajo el
estado de derecho y ha sido con todo respeto de las garantías de todos los
intervinientes y, en ese sentido, se mantiene la causa reservada, por lo tanto
no puedo dar ninguna información al respecto. Solamente eso puedo decir que se
mantiene el secreto de la investigación, por lo tanto en ese sentido vamos a
hacer todas las diligencias que se necesiten”.
Conteras, había sido consultado sobre las denuncias de los
representantes de la Fiden sobre ciertas inconsistencias sobre las denuncias.
Algunas voces se han
levantado en contra del accionar de los llamados “minicasinos” que están bajo
la órbita de la Fiden. La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, denunció que las
máquinas han traído sólo problemas en vez de beneficios a su comuna. Para la
alcaldesa, los más afectados aquí son las personas más vulnerables. “Son ellas
las que antes de ir a comprar el pan, o el café o el azúcar, tratan de ver si
tienen suerte y duplican los pocos recursos que tienen, pero lo que
generalmente pasa es que llegan a casa sin dinero y sin el pan y sin el azúcar”,
señaló. Rojo dijo además que los municipios no tienen atribuciones para
fiscalizar el funcionamiento de los locales que explotan estas máquinas. Según
un estudio publicado por la Universidad Católica de Chile en 2016, existen 1327
locales con máquinas instalados en 87 comunas, los que evadirían cerca de 50
millones de dólares al año en contribuciones municipales por la falta de
regulación.
En el mismo sentido,
el senador Alejandro Navarro explicó que las máquinas representan al juego
ilegal y ha pedido que se investiguen por defraudación tributaria porque es un
negocio que suena a lavado de activos y asociación ilícita. “La pregunta es
cómo ingresaron estos cientos de miles de máquinas estando prohibido su ingreso
a Chile. Claramente actuó una organización ilícita”, dijo y señaló que al
Congreso acudió el director de aduanas, quien señaló que estas máquinas habían
ingresado por pieza de forma clandestina. Además agregó que, según el
Ministerio de Desarrollo Social, esas máquinas se instalan en los barros más
pobres y generan ludopatía y delincuencia.
Por su parte, los
directivos de la Fiden se defienden y denuncian que el fiscal que entiende en
la causa está actuando de forma arbitraria al imputar a la Fiden el delito de
lavado de activos, señalando que el gremio no posee recurso ni propiedades que
provengan de origen ilícito. Además destacaron que lamentan que el fiscal haya
ensuciado el prestigio de personas honorables que asesoran a la Fiden, sin que
puedan tener conocimientos de los hechos investigados, los delitos que se les
imputan, ni las pruebas en que se funda la imputación, “amparándose en el
secreto de la investigación, secreto que ha sido vulnerado a través de
múltiples y reiteradas filtraciones a los medios de prensa”. El comunicado
culmina con la decisión de la Fiden de denunciar los hechos en los tribunales
de Justicia para que se investigue y se sancione a la persona o personas que
revelaron los pormenores de una investigación secreta.
Las acusaciones de un
lado y del otro hacen que se ponga de manifiesto un conflicto que parece tener
raíces en una especie de competencia desleal. Los dueños de las máquinas
tragamonedas que pululan por todo el país trasandino explican que ellos sólo
quieren piden estar amparados por una ley que los regule, pero que los
intereses de los grandes conglomerados de juego lo impiden. Por el otro lado,
quienes quieren que estas máquinas desaparezcan de los las tildan de ilegales,
objeto de contrabando, lavado de dinero o directamente fruto de una asociación
ilícita. Ambas partes dicen que las
acusaciones en su contra son infundadas, ambas partes dicen querer ser
perjudicadas por la otra, pero hasta ahora nadie resolvió un conflicto que
lleva años y que, más allá de los intereses económicos, va a afectar de una u
otra manera, a una gran cantidad de personas.
Fabián Bataglia
Fabián Bataglia
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